Fecha: 16, 23, 30 de julio y 6 de agosto de 2026

Descripción: De previo a los procedimientos administrativos en los cuales se vaya a ventilar una eventual responsabilidad de carácter disciplinario o patrimonial (responsabilidad administrativa del funcionario), en ocasiones se debe elaborar una investigación preliminar. Estas investigaciones pueden ser llevadas a cabo tanto por la Administración Activa como por las Auditorías Internas, además de la Contraloría General de la República y la Procuraduría de la Ética Pública. La competencia de las Auditorías Internas para realizar estas investigaciones viene reconocida desde el artículo 35 de la Ley General de Control Interno, Ley N.º 8292 del 21 de julio de 2002 (LGCI) en cuando dispone: “[…] Cuando de un estudio se deriven recomendaciones sobre asuntos de responsabilidad y otras materias, la auditoría interna deberá comunicarlas en informes independientes para cada materia.” Las Auditorías Internas pueden podrán iniciar estas investigaciones cuando conocen hechos eventualmente irregulares, ya sea de oficio, en virtud de denuncias de terceros o previa coordinación con jerarcas y titulares subordinados. Para ello los equipos de auditoría habrán de considerar las normas que regulan este tipo gestiones, tales como lo dispuesto en el Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Decreto Ejecutivo N.º 32333 del 12 de abril de 2005; así como los Lineamientos generales para el análisis de presuntos hechos irregulares, promulgados por la Contraloría General de la República mediante resolución N.º RDC-102-2019 de las 13 horas del 14 de octubre de 2019; que vinieron a sustituir las anteriores Directrices sobre la comunicación de relaciones de hechos y denuncias penales por las Auditorías Internas del sector público, resolución del Despacho Contralor N.º R-CO-9-2008 de las 11 horas del 19 de febrero de 2008. En ejercicio de tales competencias, los funcionarios de las Auditorías Internas requieren encontrarse en capacidad de formular una teoría del caso, mediante la cual puedan ponderar la teoría fáctica, la teoría jurídica y la teoría probatoria, que les permita sustentar la hipótesis investigada, de tal manera que sirva de base para el posterior procedimiento administrativo de responsabilidad, una denuncia penal u otras acciones que se consideren pertinentes.

Tipo de curso: Virtual

INSTRUCTOR
Adolfo G. Johanning Pérez

Precio: ₡