Fecha: 2 de junio de 2026

Descripción: El Artículo 11 de la Constitución Política se establece que “los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes.” El recurso más valioso lo constituyen las personas, quienes están expuestas a riesgos de integridad y ética originados tanto en factores internos como en factores externos a la organización es así como, el fortalecimiento la ética y los valores del personal que conforma la administración pública son vitales para el cumplimiento de sus objetivos y las actuaciones correctas de la misma. En los últimos años los casos de corrupción tanto nacionales como internacionales han afectado la credibilidad e imagen en las instituciones públicas. La sociedad costarricense por su parte ha reconocido que la corrupción tiene impacto sobre su calidad de vida y los servicios que las instituciones públicas brindan. A la fecha, se ha establecido normativa relacionada con ética y probidad en la administración pública costarricense, la cual delimita los deberes y responsabilidades para quienes ejercen la función pública. Asimismo, normativa internacional establece la importancia de la integridad pública para dar prioridad a los intereses públicos por encima de los intereses privados en el sector público. Para obtener cambios transformadores, es necesario, por lo tanto, educar de manera sistémica y permanente a quienes ejercen la función pública para ejercer sus funciones con apego a la ética y los valores establecidos.

Tipo de curso: Virtual

INSTRUCTOR
Nuria Zumbado Freer

Precio: ₡